La jefa de Estado reacciona ante la decisión de la mayoría del MAS en el Legislativo. Esa instancia sugiere un proceso contra la mandataria por los hechos luctuosos de Senkata, Sacaba y Yapacaní
Fuente: eldeber.com.bo
Por: Jesus Reynaldo Alanoca Paco 30/10/2020 07:57
La presidenta Jeanine Áñez asegura que se quedará en Bolivia y asumirá defensa ante el juicio que la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pretende iniciarle por los hechos registrados en Senkata, Sacaba y Yapacaní durante la convulsión social poselectoral.
Mediante su cuenta en Twitter, la mandataria manifestó que es inocente y exige una investigación imparcial para que se esclarezcan los hechos registrados en 2019, donde al menos 36 bolivianos perdieron la vida en medio de protestas.
“El MAS me inicia juicios. Soy inocente de sus acusaciones, sólo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me debo a las familias bolivianas, por ellas hicimos los bonos controlamos el virus y sostuvimos la democracia, aquí estoy, y doy la cara”, posteó la titular.
En la víspera, la última sesión de la Asamblea recomendó iniciar un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
También se involucra a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coimbra (Ministro de Justicia).
Además de María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del decreto 4078 y las muertes que se registraron en Sacaba (Cochabamba), Senkata (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz).
Sin embargo, dicha recomendación deberá ser considerada por los nuevos diputados y senadores, quienes requieren de dos tercios de votación para que se inicie el proceso contra la presidenta y sus ministros, aspecto que será dirimido recién en la próxima legislatura.